Mr. Uribe goes to Washington
Mientras diseña su política de orden público, a Uribe le espera un duro combate político en Washington para mantener la ayuda de Estados Unidos.
Los norteamericanos han conocido muchas guerras. Tan sólo en el siglo XX, Estados Unidos enlistó 35,6 millones de hombres y mujeres en sus fuerzas armadas después de la declaración de hostilidades. En la Segunda Guerra Mundial y en la guerra de Vietnam murieron 465.480 estadounidenses. Y miles más murieron en combate en la Primera Guerra Mundial, en Corea y en las "pequeñas guerras" e incursiones en República Dominicana, Grenada y Panamá. Dos presidentes posteriores a 1945, Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy, fueron héroes de guerra, y George Bush padre casi muere a los 20 años cuando cazas japoneses derribaron su bombardero sobre el Pacífico. Con esa historia de fondo, lo que más desean escuchar los norteamericanos del líder de un país aliado en guerra es que está empeñado en ganarla.
Tan sólo por esa razón, si alguna vez un presidente colombiano debiera ser recibido con alfombra roja en Washington, ese sería Álvaro Uribe.
En un mundo renacido del fuego y la sangre del 11 de septiembre, Uribe parece ser el hombre adecuado para el establishment de seguridad norteamericano, que permaneció escéptico ante el proceso de paz del Presidente Andrés Pastrana. Uribe también pronosticó que las conversaciones de paz fracasarían. Y ahora está listo para asumir las riendas de un país que se encuentra nada menos que bajo el ataque de tres "organizaciones terroristas", de acuerdo con la definición del Departamento de Estado de Estados Unidos. En su lista de grupos terroristas, este último incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al Ejército de Liberación Nacional y a las Autodefensas Unidas de Colombia, convirtiéndolas -al menos en principio- en los equivalentes de Al Qaeda y la Brigada de Mártires de Al Aqsa. Con el agravante de que los terroristas colombianos están operando -según las palabras de un experto en Colombia que asesora a la bancada republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos - "en nuestro propio patio trasero". La frase acompaña inevitablemente a intervenciones en las Américas.
Con todo, y mientras planea la forma de reducir a la sumisión a esos ejércitos al margen de la ley, Uribe enfrenta un duro combate político en Washington. No existen garantías de que el ritmo creciente de participación estadounidense en el conflicto colombiano se mantenga. Ante todo, concuerdan liberales y conservadores, Uribe tiene que borrar la impresión de que es un hombre cercano a los grupos paramilitares colombianos. No es que haya prueba alguna de vinculación con ellos, afirman uno tras otro políticos y analistas. Pero en la cultura política actual de Estados Unidos, los hechos importan menos que las apariencias. "Es un problema de percepción", dice el Congresista Porter Goss, un republicano de Florida que ve con buenos ojos a Uribe.
Este problema podría inclusive contrarrestar las ventajas de Uribe, que son sustanciales: de salir adelante la propuesta de la administración Bush -que vale 537 millones de dólares, más 35 millones extras en este año fiscal-, Estados Unidos se convertirá en socio del gobierno colombiano en la lucha contra la insurgencia; y se espera que el Congreso levante el requisito de que toda la ayuda militar para Colombia se dedique exclusivamente a la lucha antidrogas. Los narcotraficantes y homicidas enemigos del gobierno colombiano no tienen ningún apoyo en Estados Unidos. Y el candidato elegido por Uribe para la vicepresidencia, Francisco "Pacho" Santos, impresionó a políticos y expertos durante una visita a Washington realizada en mayo, como un político comprometido con los derechos humanos.
Adicionalmente, la refinada y eficaz campaña de ventas del embajador de Andrés Pastrana en Washington -Luis Alberto Moreno- logró que más de 100 miembros del Congreso (la Cámara de Representantes tiene 435 miembros y el Senado, 100) vieran los problemas de Colombia con sus propios ojos. "Estos tipos se van a un narco tour de dos días y regresan convertidos", se queja el cabildero de derechos humanos Adam Isacson, del Centro para la Política Internacional.
Pero la realidad colombiana puede dar al traste con la campaña de mercadeo mejor orquestada. "He estado allá una docena de veces", dice el Congresista Gene Taylor, un demócrata de derecha del conservador y pro militar estado de Mississipi y miembro del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. "Nunca dicen nada de frente; pero tengo la sensación de que los colombianos están tratando de manipularnos para que peleemos su guerra por ellos".
Los latinoamericanos tienden a cometer un error de juicio muy grave con referencia a Estados Unidos, dice un experimentado miembro latino del cuerpo diplomático de Washington. Piensan que los recursos de la Casa Blanca son infinitos y creen que todo lo que sus enviados tienen que hacer es plantear la manera de canalizarlos hacia sus países. En los colombianos, es comprensible la tentación que experimentan de ver a Uribe como el presidente que puede abrir las puertas del Tesoro norteamericano, porque sus políticas parecen estar en sincronía con las del gobierno de George W. Bush. "Se está produciendo un cambio en la política hacia Latinoamérica que la hace consistente con las propuestas de la campaña de Uribe", dice Ángel Rabasa, un veterano analista de las políticas del Departamento de Estado y del Pentágono, quien actualmente es especialista en Colombia en la Corporación Rand -un instituto de primera magnitud con una larga trayectoria en la producción de estudios financiados por el gobierno. Sin embargo, añade, eso no significa que Uribe vaya a tener una vida fácil en Washington.
Aun dentro del mismo gobierno, dice otro funcionario del Departamento de Estado, las conversaciones acerca de Colombia están centradas en la necesidad de que el gobierno colombiano movilice sus propios recursos y no dependa exclusivamente de Estados Unidos para financiar los ambiciosos planes de un presidente que está hablando de duplicar el pie de fuerza del Ejército y de la Policía Nacional.
Los funcionarios del Departamento de Estado hacen eco a lo que escuchan en el Congreso. Para Uribe, tanto como para cualquier otro político extranjero que esté buscando ayuda en Washington, las relaciones con el ejecutivo serán sólo una parte del trabajo. La parte más difícil será vender su plan al Congreso.
Fue el Congreso, y en particular el Senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont, quien planteó -desde 1996- el requisito de que Estados Unidos "condicionara" la ayuda militar para Colombia a que se produjeran reformas en el manejo de los derechos humanos por parte de los militares (Leahy es uno de una docena de senadores que realizan un estrecho seguimiento de Colombia). La ley de condicionalidad fue la que llevó a varios funcionarios del Departamento de Estado a reunirse en febrero pasado con abogados e investigadores de Human Rights Watch, Amnesty International y otras ONG, las cuales citaron la existencia de 20 órdenes de arresto incumplidas contra supuestos líderes paramilitares como un indicio de que el gobierno colombiano no habla en serio cuando dice que está protegiendo los derechos humanos.
Las ONG perdieron esa pelea; están acostumbradas. El primero de mayo, el gobierno Bush "certificó" los progresos de Colombia en materia de derechos humanos, liberando 62 millones de dólares en ayuda militar. Pero la reunión de febrero, al igual que las frecuentes citas extraídas de informes de Human Rights Watch en el capítulo sobre Colombia del Informe Anual del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo, muestran hasta qué punto la comunidad de las ONG forma parte de la cultura de gobierno en Washington. A través de contactos permanentes con periodistas y asesores del Congreso -y en no pocas veces con fuentes en el lugar de los hechos-, ayudan a promover debates y a veces obligan a actuar al gobierno.
El 5 de julio de 2000 un telegrama remitido por la entonces Secretaria de Estado Madeleine Albright, llegó al escritorio del embajador de Estados Unidos en Bogotá, Curtis Kamman. Valiéndose de la ley sobre libertad de información, una ONG logró este año la divulgación del telegrama, junto con un paquete de otros documentos, que hasta ese momento figuraban como secretos. El telegrama de Albright se refería a un informe de Kamman acerca de una investigación sobre la supuesta muerte de tres civiles en la ciudad de San Miguel, departamento del Putumayo, a manos de tropas de la 24 Brigada de Colombia. El Departamento de Estado ordenó la suspensión de toda ayuda a la Brigada mientras se investigaba el informe. Pero había más: el Departamento de Estado estaba enojado porque el Ministerio de Defensa no había divulgado la noticia. "… la embajada supo de la investigación por ONGs y otras fuentes… ", decía el telegrama en el que instruían a Kamman para que le dijera al Ministerio que publicara él mismo sus propias malas noticias.
¿Tratará el gobierno Bush una supuesta violación a los derechos humanos con la misma energía? Algunos partidarios de Uribe esperarían que no. Pero los observadores del Congreso dan por sentado que la ley que exige el cumplimiento de los derechos humanos a cambio de la ayuda seguirá vigente. Y si la ley sigue, siempre podrá ser utilizada para empujar al gobierno a tomar decisiones, o para ponerlo en dificultades si no actúa debidamente. "Los comentarios de los demócratas centristas y de los republicanos que se han concentrado en el estudio de las peticiones del gobierno para aumentar la ayuda militar, reflejan una preocupación por los posibles vínculos entre las fuerzas armadas y los paramilitares", dice Mark Schneider, un ex funcionario del Departamento de Estado que fue director de los Cuerpos de Paz bajo el Presidente Bill Clinton y ahora dirige la oficina de Washington del Grupo Internacional de Crisis, con sede en Bruselas.
El tema de los paramilitares es una constante en las discusiones acerca de Uribe. Los paras pueden gozar de las simpatías de algunos colombianos, pero políticamente están fuera de todo límite en Estados Unidos. El Congresista Goss, un agente de servicios clandestinos de la CIA entre 1961 y 1971, y presidente del Comité de Inteligencia Especial de la Cámara, se enerva ante la idea de que su desdén con el lobby de derechos humanos pueda ser interpretado como complacencia ante las Autodefensas Unidas de Colombia. "¡Por favor! ¡No les concedo ninguna credibilidad! No tengo ninguna intención de apoyar a los paras, ni a las FARC, ni al ELN, pues todos ellos están al margen de la ley".
La recepción de Uribe en Washington dependerá mucho de que les propine un golpe decisivo a las AUC. Pero el cómo le vaya en Estados Unidos dependerá también de que cambie algunas de las realidades colombianas que les producen resquemores a los norteamericanos. "Colombia debe aumentar dramáticamente su propia contribución tanto para la guerra como para el esfuerzo de paz", escribió el congresista Ike Skelton, de Missouri, un miembro demócrata conservador del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara, en una carta dirigida a Bush. "Existen razones de peso para dudar acerca del compromiso que se tiene en Colombia, en donde la ley exonera del servicio militar a los bachilleres, con lo cual se envía exclusivamente a los pobres a las unidades de combate".
Indirectamente Skelton comparaba a Colombia con el aliado principal de Estados Unidos en el Medio Oriente. Estados Unidos está recibiendo duras críticas por su apoyo a Israel, excepto en el punto relacionado con el compromiso que los israelíes han asumido frente a su propia defensa. Prácticamente todo israelí de 18 años, hombre o mujer, presta por lo menos dos años de servicio militar. Los hombres se mantienen en las reservas hasta que cumplen 51 años.
Skelton también evocó recuerdos de Vietnam. "No estamos dispuestos a enviar muchachos norteamericanos a 9.000 ó 10.000 millas de distancia para que hagan lo que los muchachos asiáticos deberían estar haciendo por sí mismos", dijo Lyndon Johnson en 1964, al postularse para la reelección. Pronto rompió su promesa y la guerra de Vietnam sigue dividiendo a la sociedad norteamericana casi 30 años después de la retirada de Estados Unidos de Saigón.
Sin embargo, la historia nunca se repite exactamente del mismo modo. A pesar de todas las reservas que hay frente a Uribe y las dudas acerca del nivel de compromiso que sienten los colombianos frente a su propia lucha, un golpe terrorista contra estadounidenses en Colombia podría hacer que todas las críticas y las dudas se hicieran irrelevantes. Un candidato con buenas probabilidades de dar semejante golpe son las FARC. "No sólo son brutales, sino que además no tienen ningún sentido de las relaciones públicas; les importa un comino la forma en que son percibidos", dice José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de Human Rights Watch. En la eventualidad de un ataque contra norteamericanos, dice el congresista Taylor -el hombre de Mississippi que se preocupa de que lo manipulen para llevarlo a la guerra-, la reacción de Estados Unidos probablemente será: "¡Vamos por ellos!".
Pero Taylor también percibe el fantasma de Vietnam detrás de una mayor ayuda norteamericana en Colombia. Le preocupa que los consejeros de contrainsurgencia vayan al combate junto con sus discípulos colombianos, ya que esa fue exactamente la forma en que Estados Unidos comenzó su pesadilla en el Sudeste Asiático. Además, ha visto a la clase acomodada de Colombia en acción: "En medio de una situación de guerra, se van a bailar toda la noche a la Zona Rosa, que es donde se la pasan metidos los políticos colombianos".
Los colombianos que esperan que Uribe mantenga abierta la ayuda estadounidense pueden verse obligados a luchar en vez de bailar, con el fin de ayudar a que lo escuchen en Washington.